La cancillería de Cuba rechazó este lunes el accionar colonialista de Israel contra territorios palestinos, destacando que estas pretensiones «persiguen acelerar las actividades ilegales» de Tel Aviv en la nación árabe, violando el derecho internacional y «socavando la solución de dos estados», esto luego de que recientemente, el régimen sionista, anunciara, sus intenciones de convertir tierras de Cisjordania ocupada en «propiedad estatal israelí».

«Tales medidas persiguen acelerar las actividades ilegales de los asentamientos de colonos israelíes, violan el Derecho Internacional, socavan la solución de dos Estados, ponen en peligro la viabilidad de un Estado Palestino Independiente», expresó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, a través de sus redes sociales.

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El canciller destacó que estos actos, que se llevan a cabo en medio del desarrollo de un plan integral de paz para Gaza, negociado por Estados Unidos entre Israel y el movimiento palestino Hamás, hacen tambalear los esfuerzos «a favor de la paz y la estabilidad en la región asiática.

Rodríguez resaltó que la decisión de Israel «altera el estatuto legal de Cisjordania«, que establece que cualquier intento de apropiación de tierras o asentamiento en territorios palestinos es ilegal, en este sentido el canciller cubano enfatizó que dicha región forma parte inalienable del territorio palestino junto a Gaza, y que las medidas del gobierno israelí socaban el derecho al retorno de los refugiados.

El Gobierno de Israel aprobó el pasado domingo 15 de febrero de 2026 la reapertura del proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada, por primera vez desde 1967. Esta medida permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terrenos en este territorio palestino, una acción que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha calificado como una «anexión de facto» y una «violación del derecho internacional».

El Ministerio de Justicia israelí, junto con las carteras de Defensa y Finanzas, impulsó la propuesta que el ministro Yaariv Levin describió como una «verdadera revolución en Judea y Samaria», utilizando el nombre bíblico para la región. Levin aseveró que «La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel» y que el Gobierno se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes, con el objetivo de registrar «extensas áreas» en Cisjordania a nombre del Estado israelí y dotar de presupuesto y equipos a la autoridad competente para la colonización del terreno.

La Autoridad Nacional Palestina, bajo la presidencia de Mahmud Abás, denunció enérgicamente la medida, definiéndola como una «anexión de facto del territorio palestino ocupado» y una declaración del inicio de planes para consolidar la ocupación mediante la construcción de asentamientos ilegales. Asimismo, la ANP enfatizó que constituye una «violación del derecho internacional», específicamente de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que considera ilegal toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado y subraya la no-reconocimiento de cambios a las líneas de 1967.

La presidencia palestina instó a la comunidad internacional, incluyendo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al Gobierno estadounidense, a intervenir de inmediato para obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, recalcando que estas medidas unilaterales no otorgarán legitimidad alguna a la ocupación.

Asimismo, el movimiento Hamás condenó la decisión del gobierno de ocupación sionista de aprobar una resolución que le permite apropiarse y judaizar las tierras de la Cisjordania ocupada, registrándolas como «tierras estatales», calificándola como «nula» y un intento de imponer por la fuerza prácticas colonialistas.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel reiteró la acusación de que la Autoridad Nacional Palestina registra territorio ilegalmente en el Área C de Cisjordania, un sector que, según los Acuerdos de Oslo, se encuentra bajo control administrativo y militar israelí y abarca el 60% del enclave.

Poco después de la aprobación de la medida israelí, Jordania también manifestó su «rechazo absoluto» a la decisión. El Ministerio de Exteriores jordano condenó las «medidas del Gobierno israelí destinadas a anexar el territorio palestino ocupado», calificando la designación de tierras en Cisjordania como «tierras estatales» una «flagrante violación del derecho internacional».

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